MINISTERIO DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
LEY NUM. 20.084
ESTABLECE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1º.- Contenido de la ley. La presente ley regula
la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento
para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las
sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas.
En lo no previsto por ella serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones
contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales.
Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley
los adolescentes mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas
tipificadas en los artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el
artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, números 5 y 26, del Código Penal y de
las tipificadas en la ley Nº 20.000. En los demás casos se estará a lo dispuesto en la
ley 19.968.
Artículo 2º.- Interés superior del adolescente. En todas
las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y
medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en
consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y
respeto de sus derechos.
En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración
todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes,
en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
Artículo 3º.- Límites de edad a la responsabilidad. La
presente ley se aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado principio de
ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que, para
los efectos de esta ley, se consideran adolescentes.
En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del
imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de
edad, la legislación aplicable será la que rija para los imputados mayores de edad.
La edad del imputado deberá ser determinada por el juez competente en cualquiera de
las formas establecidas en el Título XVII del Libro I del Código Civil.
Artículo 4º.- Regla especial para delitos sexuales. No
podrá procederse penalmente respecto de los delitos previstos en los artículos 362, 365,
366 bis y 366 quater del Código Penal, cuando la conducta se hubiere realizado con una
persona menor de 14 años y no concurra ninguna de las circunstancias enumeradas en los
artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre
aquélla y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad, tratándose de la
conducta descrita en el artículo 362, o de tres años en los demás casos.
Artículo 5º.- Prescripción. La prescripción de
la acción penal y de la pena será de dos años, con excepción de las conductas
constitutivas de crímenes, respecto de las cuales será de cinco años, y de las faltas,
en que será de seis meses.
TITULO I
Consecuencias de la declaración de responsabilidad de los adolescentes por
infracciones a la Ley Penal
Párrafo 1º
De las sanciones en general
Artículo 6º.- Sanciones. En sustitución de las penas
contempladas en el Código Penal y en las leyes complementarias, las sanciones que se
aplicarán a los adolescentes serán las de la siguiente Escala General:
Penas de delitos:
a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social;
b) Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social;
c) Libertad asistida especial;
d) Libertad asistida;
e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y
f) Reparación del daño causado.
Penas de faltas:
a) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad;
b) Reparación del daño causado;
c) Multa, y
d) Amonestación.
Pena accesoria:
Prohibición de conducir vehículos motorizados.
Artículo 7º.- Sanción accesoria. El juez estará
facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas en el artículo 6º de
esta ley y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del adolescente, la
obligación de someterlo a tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas o al
alcohol.
Párrafo 2º
De las sanciones no privativas de libertad
Artículo 8º.- Amonestación. La amonestación consiste en
la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa,
en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las
consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima
como para el propio adolescente, instándole a cambiar de comportamiento y formulándole
recomendaciones para el futuro.
La aplicación de esta sanción, en todo caso, requerirá una previa declaración del
adolescente asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida.
Los padres o guardadores del adolescente serán notificados de la imposición de la
sanción, en caso de no encontrarse presentes en la audiencia.
Artículo 9º.- Multa. El juez podrá imponer una multa a
beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. Para su aplicación
y la determinación de su monto, además de los criterios señalados en el artículo 24 de
la presente ley, se considerarán la condición y las facultades económicas del infractor
y de la persona a cuyo cuidado se encontrare.
El juez, a petición del adolescente o de su defensor, podrá autorizar el pago de la
multa en cuotas.
La multa será conmutable, a solicitud del infractor, por la sanción de servicios en
beneficio de la comunidad, a razón de 30 horas por cada tres unidades tributarias
mensuales.
Artículo 10.- Reparación del daño. La reparación del
daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la
infracción, sea mediante una prestación en dinero, la restitución o reposición de la
cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último
caso, la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa del condenado y de
la víctima.
El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la
responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello
en que la reparación sea declarada como insuficiente.
Artículo 11.- Servicios en beneficio de la comunidad. La
sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la
realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de
personas en situación de precariedad.
La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún
caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o
laboral que el adolescente realice. La sanción tendrá una extensión mínima de 30 horas
y máxima de 120.
La imposición de esta sanción requerirá del acuerdo del condenado, debiendo, en su
caso, ser sustituida por una sanción superior, no privativa de libertad.
Artículo 12.- Prohibición de conducir vehículos
motorizados. La prohibición de conducir vehículos motorizados se podrá imponer a un
adolescente como sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la infracción por
la cual se le condena haya sido ejecutada mediante la conducción de dichos vehículos.
La sanción se hará efectiva desde el momento de dictación de la sentencia
condenatoria y su duración podrá extenderse hasta el período que le faltare al
adolescente para cumplir veinte años.
En caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de esta ley,
a menos que a consecuencia de la conducción se hubiere afectado la vida, la integridad
corporal o la salud de alguna persona, caso en el cual se remitirán los antecedentes al
Ministerio Público para el ejercicio de las acciones que correspondan.
Artículo 13.- Libertad asistida. La libertad asistida
consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado conforme a un plan de
desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan su integración social.
La función del delegado consistirá en la orientación, control y motivación del
adolescente e incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el
acceso efectivo a los programas y servicios requeridos.
El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que
sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria
del adolescente a encuentros periódicos previamente fijados con él mismo y a programas
socioeducativos. Para ello, una vez designado, el delegado propondrá al tribunal un plan
personalizado de cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de
carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus
derechos y de participación. En él, deberá incluir la asistencia regular al sistema
escolar o de enseñanza que corresponda.
Podrán incluirse en dicho plan medidas como la prohibición de asistir a
determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, de visitar determinados
lugares o de aproximarse a la víctima, a sus familiares o a otras personas, u otras
condiciones similares.
La duración de esta sanción no podrá exceder de tres años.
Artículo 14.- Libertad asistida especial. En esta
modalidad de libertad asistida, deberá asegurarse la asistencia del adolescente a un
programa intensivo de actividades socioeducativas y de reinserción social en el ámbito
comunitario que permita la participación en el proceso de educación formal, la
capacitación laboral, la posibilidad de acceder a programas de tratamiento y
rehabilitación de drogas en centros previamente acreditados por los organismos
competentes y el fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto responsable.
En la resolución que apruebe el plan, el tribunal fijará la frecuencia y duración
de los encuentros obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el delegado.
La duración de esta sanción no podrá exceder los tres años.
Párrafo 3º
De las sanciones privativas de libertad
Artículo 15.- Sanciones privativas de libertad. Las
sanciones privativas de libertad consisten en la internación en régimen semicerrado con
programa de reinserción social y en la internación en régimen cerrado con programa de
reinserción social.
Estos programas de reinserción social se realizarán, en lo posible, con la
colaboración de la familia.
Artículo 16.- Internación en régimen semicerrado con
programa de reinserción social. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad
de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social consistirá en
la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a
un programa de reinserción social a ser desarrollado tanto al interior del recinto como
en el medio libre.
Una vez impuesta la pena y determinada su duración, el director del centro que haya
sido designado para su cumplimiento, propondrá al tribunal un régimen o programa
personalizado de actividades, que considerará las siguientes prescripciones:
a) Las medidas a adoptar para la asistencia y cumplimiento del adolescente del
proceso de educación formal o de reescolarización. El director del centro deberá velar
por el cumplimiento de esta obligación y para dicho efecto mantendrá comunicación
permanente con el respectivo establecimiento educacional;
b) El desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de
participación, especificando las que serán ejecutadas al interior del recinto y las que
se desarrollarán en el medio libre, y
c) Las actividades a desarrollar en el medio libre contemplarán, a lo menos, ocho
horas, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a
menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados
en las letras precedentes y en el artículo 20.
El programa será aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o
en otra posterior, que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a
aquélla.
El director del centro informará periódicamente al tribunal acerca del cumplimiento
y evolución de las medidas a que se refiere la letra a).
Artículo 17.- Internación en régimen cerrado con
programa de reinserción social. La internación en régimen cerrado con programa de
reinserción social importará la privación de libertad en un centro especializado para
adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el
artículo 20 de esta ley.
En virtud de ello, dicho régimen considerará necesariamente la plena garantía de
la continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su
reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la
participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación
para la vida laboral y de desarrollo personal. Además, deberá asegurar el tratamiento y
rehabilitación del consumo de drogas para quienes lo requieran y accedan a ello.
Artículo 18.- Límite máximo de las penas privativas de
libertad. Las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado, ambas con programa
de reinserción social, que se impongan a los adolescentes no podrán exceder de cinco
años si el infractor tuviere menos de dieciséis años, o de diez años si tuviere más
de esa edad.
Párrafo 4º
Sanciones mixtas
Artículo 19.- Sanciones mixtas. En los casos en que fuere
procedente la internación en régimen cerrado o semicerrado, ambas con programa de
reinserción social, el tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de
libertad asistida en cualquiera de sus formas, por un máximo que no supere el tiempo de
la condena principal. Esta última se cumplirá:
a) Con posterioridad a la ejecución de la pena privativa de libertad, siempre y
cuando en total no se supere la duración máxima de ésta, o
b) En forma previa a su ejecución. En este caso la pena principal quedará en
suspenso y en carácter condicional, para ejecutarse en caso de incumplimiento de la
libertad asistida en cualquiera de sus formas, en el caso de las penas que se extienden
hasta quinientos cuarenta días.
Párrafo 5º
De la determinación de las sanciones
Artículo 20.- Finalidad de las sanciones y otras
consecuencias. Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto
hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que
cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa
amplia y orientada a la plena integración social.
Artículo 21.- Pena asignada a los delitos. Para los
efectos de la presente ley, se entenderá que la pena asignada al delito cometido por un
adolescente es la inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el
ilícito correspondiente.
Artículo 22.- Reglas de determinación de la extensión de
las penas. Para establecer la duración de la sanción que deba imponerse con arreglo a la
presente ley, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena señalada en el artículo
precedente, las reglas previstas en el Párrafo 4 del Título III del Libro I del Código
Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código.
Con todo, si la sanción calculada en la forma dispuesta en el inciso precedente
supera los límites máximos dispuestos en el artículo 18, su extensión definitiva
deberá ajustarse a dichos límites.
Artículo 23.- Reglas de determinación de la naturaleza de
la pena. La determinación de la naturaleza de la pena que deba imponerse a los
adolescentes con arreglo a la presente ley, se regirá por las reglas siguientes:
1. Si la extensión de la sanción resulta equivalente a una pena de crimen, el
tribunal deberá aplicar la pena de internación en régimen cerrado o internación en
régimen semicerrado, ambas con programa de reinserción social.
2. Si la sanción va de tres años y un día a cinco años, el tribunal podrá
imponer las penas de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social,
internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad
asistida especial.
3. Si la sanción se extiende entre quinientos cuarenta y un días y tres años, el
tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de
reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas y prestación de
servicios en beneficio de la comunidad.
4. Si la sanción se ubica entre sesenta y uno y quinientos cuarenta días, el
tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de
reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas, prestación de
servicios en beneficio de la comunidad o reparación del daño causado.
5. Si la sanción es igual o inferior a sesenta días, el tribunal podrá imponer las
penas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño
causado, multa o amonestación.
Tabla Demostrativa
Extensión de la sanción y penas aplicables
Desde 5 años y 1 día:
- Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.
- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.
Desde 3 años y un día a 5 años:
- Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.
- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.
- Libertad asistida especial.
Desde 541 días a 3 años:
- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.
- Internación asistida en cualquiera de sus formas.
- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Desde 61 a 540 días:
- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.
- Libertad asistida en cualquiera de sus formas.
- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
- Reparación del daño causado.
Desde 1 a 60 días:
- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
- Reparación del daño causado.
- Multa.
- Amonestación.
Artículo 24.- Criterios de determinación de la pena. Para
determinar la naturaleza de las sanciones, dentro de los márgenes antes establecidos, el
tribunal deberá atender, dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes
criterios:
a) La gravedad del ilícito de que se trate;
b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución
de la infracción;
c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad
criminal;
d) La edad del adolescente infractor;
e) La extensión del mal causado con la ejecución del delito, y
f) La idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los
derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración
social.
Artículo 25.- Imposición conjunta de más de una pena. En
las situaciones regladas en los numerales 3 y 4 del artículo 23, el tribunal podrá
imponer conjuntamente dos de las penas que las mismas reglas señalan, siempre que la
naturaleza de éstas permita su cumplimiento simultáneo.
Lo dispuesto en el inciso precedente tendrá lugar sólo cuando ello permita el mejor
cumplimiento de las finalidades de las sanciones de esta ley expresadas en el artículo 20
y así se consigne circunstanciadamente en resolución fundada.
Artículo 26.- Límites a la imposición de sanciones. La
privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso.
En ningún caso se podrá imponer una pena privativa de libertad si un adulto
condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza.
TITULO II
Procedimiento
Párrafo 1º
Disposiciones generales
Artículo 27.- Reglas de procedimiento. La investigación y
juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de
adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y
supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.
El conocimiento y fallo de las infracciones respecto de las cuales el Ministerio
Público requiera una pena no privativa de libertad se sujetará a las reglas del
procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso, regulados en el Título I del
Libro IV del Código Procesal Penal.
Artículo 28.- Concurso de procedimientos. Si a una misma
persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo
mayor de dieciocho años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por
las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad.
Por su parte, si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de
personas mayores y menores de edad, tendrá lugar lo dispuesto en los artículos 185 y 274
del Código Procesal Penal. En todo caso, si se hubiere determinado la sustanciación
conjunta de los procesos, se dará cumplimiento, respecto del menor, de las normas que
conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes.
Párrafo 2º
Sistema de justicia especializada
Artículo 29.- Especialización de la justicia penal para
adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal,
así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las
causas de adolescentes, deberán estar capacitados en los estudios e información
criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los
Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en
el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley.
No obstante, todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales se
encuentra habilitado para intervenir, en el marco de sus competencias, si,
excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo,
ello fuere necesario.
En virtud de lo dispuesto en los incisos precedentes, los comités de jueces de los
tribunales de garantía y orales en lo penal considerarán, en el procedimiento objetivo y
general de distribución de causas, la radicación e integración preferente de quienes
cuenten con dicha capacitación.
Cada institución adoptará las medidas pertinentes para garantizar la
especialización a que se refiere la presente disposición.
Artículo 30.- Capacitación de las policías. Las
instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de formación y
perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los
conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de la presente ley, a la Convención
de los Derechos del Niño y a los fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de
estas infracciones.
Párrafo 3º
De las medidas cautelares personales
Artículo 31.- Detención en caso de flagrancia.
Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en sus respectivos ámbitos de
competencia, deberán poner a los menores de dieciocho años y mayores de catorce que se
encuentren en las situaciones previstas en los artículos 129 y 131 del Código Procesal
Penal, a disposición del juez de garantía, de preferencia, de manera inmediata, no
pudiendo en caso alguno exceder de un máximo de 12 horas. El adolescente sólo podrá
declarar ante el fiscal en presencia de un defensor. Dicha detención se regulará, salvo
en los aspectos previstos en este artículo, por el párrafo 3º del Título V, del Libro
I del Código Procesal Penal. Si se diere lugar a la ampliación del plazo de la
detención conforme al artículo 132 de dicho Código, ésta sólo podrá ser ejecutada en
los centros de internación provisoria de que trata la presente ley.
La detención de una persona visiblemente menor en un establecimiento distinto de los
señalados en el inciso anterior, constituirá una infracción funcionaria grave y será
sancionada con la medida disciplinaria que proceda de acuerdo al mérito de los
antecedentes, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda haber incurrido
el infractor.
En la ejecución de la detención e internación provisoria que sea decretada deberá
darse cumplimiento a lo previsto en los artículos 17 de la ley Nº 16.618 y 37, letra c),
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El menor privado de libertad
siempre podrá ejercer los derechos consagrados en los artículos 93 y 94 del Código
Procesal Penal y 37 y 40 de esa Convención. Los encargados de dichos centros no podrán
aceptar el ingreso de menores sino en virtud de órdenes impartidas por el juez de
garantía competente.
Si el hecho imputado al menor fuere alguno de aquellos señalados en el artículo 124
del Código Procesal Penal, Carabineros de Chile se limitará a citar al menor a la
presencia del fiscal y lo dejará en libertad, previo señalamiento de domicilio en la
forma prevista por el artículo 26 del mismo Código.
Artículo 32.- Medidas cautelares del procedimiento. La
internación provisoria en un centro cerrado sólo será procedente tratándose de la
imputación de crímenes, debiendo aplicarse cuando los objetivos señalados en el inciso
primero del artículo 155 del Código Procesal Penal no pudieren ser alcanzados mediante
la aplicación de alguna de las demás medidas cautelares personales.
Artículo 33.- Proporcionalidad de las medidas cautelares.
En ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que parezca desproporcionada en
relación con la sanción que resulte probable de aplicar en caso de condena.
Artículo 34.- Permiso de salida diaria. Tratándose de un
adolescente imputado sujeto a una medida de internación provisoria, el juez podrá, en
casos calificados, concederle permiso para salir durante el día, siempre que ello no
vulnere los objetivos de la medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las providencias que
estime convenientes.
Artículo 35.- Principio de oportunidad. Para el ejercicio
del principio de oportunidad establecido en el artículo 170 del Código Procesal Penal,
los fiscales tendrán en especial consideración la incidencia que su decisión podría
tener en la vida futura del adolescente imputado.
Asimismo, para la aplicación de dicha norma se tendrá como base la pena resultante
de la aplicación del artículo 21 de la presente ley.
Párrafo 4º
Inicio de la persecución de la responsabilidad por la infracción a la ley penal por
parte de un adolescente
Artículo 36.- Primera audiencia.- De la realización de la
primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse a sus padres o a
la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, permitirá la
intervención de éstos, si estuvieren presentes en la audiencia.
Artículo 37.- Juicio Inmediato. Las reglas del juicio
inmediato establecidas en el artículo 235 del Código Procesal Penal serán plenamente
aplicables cada vez que el fiscal lo solicite y especialmente cuando se trate de una
infracción flagrante imputada a un adolescente.
En estos casos, sólo por razones fundadas que el fiscal señalará en su petición,
el juez de garantía podrá autorizar la realización de diligencias concretas y
determinadas para la investigación de una infracción flagrante, las que no podrán
exceder de 60 días, rigiendo, en lo demás, lo dispuesto en el artículo siguiente. Igual
derecho asistirá a la defensa del imputado, en el mismo caso.
Artículo 38.- Plazo para declarar el cierre de la
investigación. Transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que la
investigación hubiere sido formalizada, el fiscal procederá a cerrarla, a menos que el
juez le hubiere fijado un plazo inferior.
Antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar,
fundadamente, su ampliación por un máximo de dos meses.
Párrafo 5º
Juicio oral y sentencia
Artículo 39.- Audiencia del juicio oral. El juicio oral,
en su caso, deberá tener lugar no antes de los 15 ni después de los 30 días siguientes
a la notificación del auto de apertura del juicio oral.
En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior
a 72 horas.
Artículo 40.- Audiencia de determinación de la pena. La
audiencia a que se refiere el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal
deberá llevarse a cabo en caso de dictarse sentencia condenatoria. En dicha audiencia, el
tribunal podrá requerir la opinión de peritos.
Artículo 41.- Suspensión de la imposición de condena.
Cuando hubiere mérito para aplicar sanciones privativas o restrictivas de libertad
iguales o inferiores a 540 días, pero concurrieren antecedentes favorables que hicieren
desaconsejable su imposición, el juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la
suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses.
Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin que el imputado hubiere sido
objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal
dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento
definitivo de la causa.
Esta suspensión no afectará la responsabilidad civil derivada del delito.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la posibilidad de decretar la
suspensión condicional del procedimiento.
TITULO III
De la ejecución de las sanciones y medidas
Párrafo 1º
Administración
Artículo 42.- Administración de las medidas no privativas
de libertad. El Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas
regiones del país de los programas necesarios para la ejecución y control de las medidas
a que se refiere esta ley, las que serán ejecutadas por los colaboradores acreditados que
hayan celebrado los convenios respectivos con dicha institución.
Para tal efecto, llevará un registro actualizado de los programas existentes en cada
comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes.
El Servicio revisará periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos
programas, aprobando su ejecución por parte de los colaboradores acreditados y
fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.
En la modalidad de libertad asistida especial se asegurará la intervención de la
red institucional y de protección del Estado, según se requiera. Será responsabilidad
del Servicio Nacional de Menores la coordinación con los respectivos servicios públicos.
El reglamento a que alude el inciso final del artículo siguiente contendrá las
normas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.
Artículo 43.- Centros de privación de libertad. La
administración de los Centros Cerrados de Privación de Libertad y de los recintos donde
se cumpla la medida de internación provisoria, corresponderá siempre y en forma directa
al Servicio Nacional de Menores.
Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad y a la medida de
internación provisoria contenidas en esta ley existirán tres tipos de centros:
a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado.
b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad.
c) Los Centros de Internación Provisoria.
Para garantizar la seguridad y la permanencia de los infractores en los centros a que
se refieren las letras b) y c) precedentes, se establecerá en ellos una guardia armada de
carácter externo, a cargo de Gendarmería de Chile. Esta permanecerá fuera del recinto,
pero estará autorizada para ingresar en caso de motín o en otras situaciones de grave
riesgo para los adolescentes y revisar sus dependencias con el solo objeto de evitarlas.
La organización y funcionamiento de los recintos aludidos en el presente artículo
se regulará en un reglamento dictado por decreto supremo expedido por medio del
Ministerio de Justicia, conforme a las normas contenidas en el presente Título.
Artículo 44.- Condiciones básicas de los centros de
privación de libertad. La ejecución de las sanciones privativas de libertad estará
dirigida a la reintegración del adolescente al medio libre.
En virtud de ello, deberán desarrollarse acciones tendientes al fortalecimiento del
respeto por los derechos de las demás personas y al cumplimiento del proceso de
educación formal y considerarse la participación en actividades socioeducativas, de
formación y de desarrollo personal.
Artículo 45.- Normas de orden interno y seguridad en
recintos de privación de libertad. Los adolescentes estarán sometidos a las normas
disciplinarias que dicte la autoridad para mantener la seguridad y el orden. Estas normas
deben ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, en los demás
ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.
Dichas normas regularán el uso de la fuerza respecto de los adolescentes y
contendrán, a lo menos, los siguientes aspectos:
a) El carácter excepcional y restrictivo del uso de la fuerza, lo que implica que
deberá ser utilizada sólo cuando se hayan agotado todos los demás medios de control y
por el menor tiempo posible, y
b) La prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos
corporales, encierro en celda obscura y penas de aislamiento o de celda solitaria, así
como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del
adolescente o sea degradante, cruel o humillante.
Artículo 46.- Normas disciplinarias en recintos de
privación de libertad. Las medidas y procedimientos disciplinarios que se dispongan
deberán encontrarse contemplados en la normativa del establecimiento y tendrán como
fundamento principal contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria
ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el respeto de la dignidad del
adolescente.
Para estos efectos, la normativa relativa a dichos procedimientos precisará, a lo
menos, los siguientes aspectos:
a) Las conductas que constituyen una infracción a la disciplina;
b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer,
y
c) La autoridad competente para imponer esas sanciones y aquella que deberá resolver
los recursos que se deduzcan en su contra.
Artículo 47.- Excepcionalidad de la privación de
libertad. Las sanciones privativas de libertad que contempla esta ley son de carácter
excepcional. Sólo podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en ella y siempre
como último recurso.
Artículo 48.- Principio de separación. Las personas que
se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o
medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar
determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los adultos privados
de libertad.
Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en
que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los
administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en
el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, adoptarán las
medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.
El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción grave a los
deberes funcionarios.
Párrafo 2º
Derechos y garantías de la ejecución
Artículo 49.- Derechos en la ejecución de
sanciones. Durante la ejecución de las sanciones que regula esta ley, el adolescente
tendrá derecho a:
a) Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades
de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social;
b) Ser informado de sus derechos y deberes con relación a las personas e
instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad;
c) Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones y los
programas a que se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que
puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el
incumplimiento de la sanción;
d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la
naturaleza de la petición, obtener una respuesta pronta, solicitar la revisión de su
sanción en conformidad a la ley y denunciar la amenaza o violación de alguno de sus
derechos ante el juez, y
e) Contar con asesoría permanente de un abogado.
Tratándose de adolescentes sometidos a una medida privativa de libertad, éstos
tendrán derecho a:
i) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la
semana;
ii) La integridad e intimidad personal;
iii) Acceder a servicios educativos, y
iv) La privacidad y regularidad de las comunicaciones, en especial con sus abogados.
Párrafo 3º
Del control de ejecución de las sanciones
Artículo 50.- Competencia en el control de la ejecución.
Los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las sanciones
que contempla la presente ley serán resueltos por el juez de garantía del lugar donde
ésta deba cumplirse.
En virtud de ello y previa audiencia, el juez de garantía adoptará las medidas
tendientes al respeto y cumplimiento de la legalidad de la ejecución y resolverá, en su
caso, lo que corresponda en caso de quebrantamiento.
Artículo 51.- Certificación de cumplimiento. La
institución que ejecute la sanción, informará sobre el total cumplimiento de la misma a
su término, por cualquier medio fidedigno, al juez de que trata el artículo anterior, el
que deberá certificar dicho cumplimiento.
Asimismo, deberá informar de cualquier incumplimiento cuando éste se produzca.
Artículo 52.- Quebrantamiento de condena. Si el
adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la
presente ley, el tribunal encargado del control de la ejecución procederá, previa
audiencia y según la gravedad del incumplimiento, conforme a las reglas siguientes:
1.- Tratándose de la multa, aplicará en forma sustitutiva la sanción de
prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Si el
adolescente no aceptare la medida, aplicará la libertad asistida en cualquiera de sus
formas por el tiempo señalado en el numeral 3.- del presente artículo.
2.- Idéntica regla se seguirá en caso de infracción de la prohibición de conducir
vehículos motorizados, sin perjuicio de la mantención de la prohibición por el tiempo
restante.
3.- Tratándose del incumplimiento de las medidas de reparación del daño y
prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se aplicará en forma sustitutiva
la libertad asistida en cualquiera de sus formas por un período de hasta tres meses.
4.- El incumplimiento de la libertad asistida se sancionará con libertad asistida
especial o con internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social,
con una duración máxima de sesenta días, lo que se determinará según la gravedad de
los hechos que fundan la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción
originalmente impuesta.
En caso de incumplimiento reiterado de la libertad asistida, se aplicará lo
dispuesto en el siguiente numeral.
5.- El incumplimiento de la libertad asistida especial dará lugar a la sustitución
de la sanción por internación en régimen semicerrado con programa de reinserción
social, por un período equivalente al número de días que faltaren por cumplir.
6.- El incumplimiento de la internación en régimen semicerrado con programa de
reinserción social podrá sancionarse con la internación en un centro cerrado por un
período no superior a los noventa días, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción
originalmente impuesta por el tiempo restante. En caso de reiteración de la misma
conducta, podrá aplicarse la sustitución, en forma definitiva, por un período a fijar
prudencialmente por el tribunal, que en caso alguno será superior al tiempo de duración
de la condena inicialmente impuesta.
7.- El incumplimiento del régimen de libertad asistida en cualquiera de sus formas
al que fuere sometido el adolescente en virtud de lo dispuesto en el artículo 19,
facultará al juez para ordenar que se sustituya su cumplimiento por la internación en
régimen cerrado con programa de reinserción social por el tiempo que resta.
Artículo 53.- Sustitución de condena. El tribunal
encargado del control de la ejecución de las sanciones previstas en esta ley, de oficio o
a petición del adolescente o su defensor, podrá sustituirla por una menos gravosa, en
tanto ello parezca más favorable para la integración social del infractor y se hubiere
iniciado su cumplimiento.
Para estos efectos, el juez, en presencia del condenado, su abogado, el Ministerio
Público y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción,
examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia podrán
asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieren ejercido la
tuición antes de su privación de libertad, y la víctima o su representante. La
inasistencia de estos últimos no será nunca obstáculo para el desarrollo de la
audiencia.
La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de sustitución será apelable
para ante la Corte de Apelaciones respectiva.
En caso alguno la internación en un régimen cerrado podrá sustituirse por una de
las sanciones previstas en las letras e) o f) del artículo 6º.
Artículo 54.- Sustitución condicional de las medidas
privativas de libertad. La sustitución de una sanción privativa de libertad podrá
disponerse de manera condicionada. De esta forma, si se incumpliere la sanción
sustitutiva, podrá revocarse su cumplimiento ordenándose la continuación de la sanción
originalmente impuesta por el tiempo que faltare.
Artículo 55.- Remisión de condena. El tribunal
podrá remitir el cumplimiento del saldo de condena cuando, en base a antecedentes
calificados, considere que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su
imposición. Para ello será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 53.
Para los efectos de resolver acerca de la remisión, el tribunal deberá contar con
un informe favorable del Servicio Nacional de Menores.
Tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de remisión sólo
podrá ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del tiempo de duración de la
sanción originalmente impuesta.
TITULO FINAL
Artículo 56.- Cumplimiento de la mayoría de edad. En caso
que el imputado o condenado por una infracción a la ley penal fuere mayor de dieciocho
años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las sanciones contempladas en
esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de
esta ley hasta el término de éste.
Si al momento de alcanzar los dieciocho años restan por cumplir menos de seis meses
de la condena de internación en régimen cerrado, permanecerá en el centro de privación
de libertad del Servicio Nacional de Menores.
Si al momento de alcanzar los dieciocho años le restan por cumplir más de seis
meses de la condena de internación en régimen cerrado, el Servicio Nacional de Menores
evacuará un informe fundado al juez de control de ejecución en que solicite la
permanencia en el centro cerrado de privación de libertad o sugiera su traslado a un
recinto penitenciario administrado por Gendarmería de Chile.
Dicho informe se enviará al tribunal con a lo menos tres meses de anterioridad a la
fecha de cumplimiento de la mayoría de edad y se referirá al proceso de reinserción del
adolescente y a la conveniencia, para tal fin, de su permanencia en el centro cerrado de
privación de libertad. El informe deberá comunicarse a todas las partes involucradas en
el proceso.
En caso de ordenar el tribunal su permanencia, se revisará su situación según se
desarrolle el proceso de reinserción en apreciación de la administración del centro.
En caso de ordenar el tribunal su traslado a un recinto penitenciario, las
modalidades de ejecución de dicha condena deberán seguir siendo ejecutadas conforme a
las prescripciones de esta ley.
Excepcionalmente, el Servicio Nacional de Menores podrá solicitar al tribunal de
control competente que autorice el cumplimiento de la internación en régimen cerrado en
un recinto administrado por Gendarmería de Chile, cuando el condenado hubiere cumplido la
mayoría de edad y sea declarado responsable de la comisión de un delito o incumpla de
manera grave el reglamento del centro poniendo en riesgo la vida e integridad física de
otras personas.
En todos los casos previstos en este artículo, el Servicio Nacional de Menores,
Gendarmería de Chile y las autoridades que correspondan adoptarán las medidas necesarias
para asegurar la separación de las personas sujetas a esta ley menores de dieciocho años
con los mayores de edad y de los adultos sujetos a esta ley respecto de los condenados
conforme a la ley penal de adultos.
Artículo 57.- Academia Judicial. Para los efectos de lo
previsto en el artículo 29, la Academia Judicial considerará la dictación de los cursos
de especialización a que esa norma se refiere en el programa de perfeccionamiento
destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder
Judicial.
En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición podrá ser acreditado
sobre la base de antecedentes que den cuenta del cumplimiento de cursos de formación
especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia
Judicial. La certificación respectiva la emitirá dicha institución, en base a los
antecedentes que proporcione el solicitante.
Artículo 58.- Restricción de libertad de menores de
catorce años. Si se sorprendiere a un menor de catorce años en la ejecución flagrante
de una conducta que, cometida por un adolescente constituiría delito, los agentes
policiales ejercerán todas las facultades legales para restablecer el orden y la
tranquilidad públicas y dar la debida protección a la víctima en amparo de sus
derechos.
Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad respectiva deberá poner al niño
a disposición del tribunal de familia a fin de que éste procure su adecuada protección.
En todo caso, tratándose de infracciones de menor entidad podrá entregar al niño
inmediata y directamente a sus padres y personas que lo tengan a su cuidado y, de no ser
ello posible, lo entregará a un adulto que se haga responsable de él, prefiriendo a
aquellos con quienes tuviere una relación de parentesco, informando en todo caso al
tribunal de familia competente.
Para los efectos de que el fiscal pueda interrogar al menor en calidad de testigo, se
estará a las normas generales que regulan la materia.
Artículo 59.- Modificaciones al decreto ley Nº 645, de
1925. Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 2º del decreto ley Nº 645, de
1925, que crea el Registro Nacional de Condenas:
"Los antecedentes relativos a los procesos o condenas de menores de edad sólo
podrán ser consignados en los certificados que se emitan para ingresar a las Fuerzas
Armadas, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile y a la Policía de Investigaciones o
para los fines establecidos en el inciso primero del presente artículo.".
Artículo 60.- Modificaciones al Código Penal.
Introdúcense las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese el número 2º del artículo 10 por el siguiente:
"2º El menor de dieciocho años. La responsabilidad de los menores de dieciocho
años y mayores de catorce se regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad
penal juvenil.".
b) Derógase el número 3º del artículo 10.
c) Suprímese el inciso primero del artículo 72.
Artículo 61.- Modificaciones a la ley Nº 18.287.
Derógase el artículo 26 de la ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los
Juzgados de Policía Local.
Artículo 62.- Modificaciones al Código de Justicia
Militar. Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 135, por el siguiente:
"Los menores de edad exentos de responsabilidad penal serán puestos a
disposición del tribunal competente en asuntos de familia.".
Artículo 63.- Modificaciones a la Ley de Menores.
Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.618, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000,
del Ministerio de Justicia:
a) Derógase el artículo 16;
b) En el inciso segundo del artículo 16 bis, suprímese la siguiente oración:
"De la misma forma procederá respecto de un menor de dieciséis años imputado de
haber cometido una falta.".
c) Suprímese el inciso cuarto del artículo 16 bis.
d) Deróganse los artículos 28 y 29.
e) Suprímese el inciso segundo del artículo 31.
f) Deróganse los artículos 41, 51, 52, 53, 58 y 65.
g) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:
"Artículo 71. El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido
mediante el Ministerio de Justicia, determinará los Centros de Diagnósticos existentes y
su localización.".
Artículo 64.- Modificaciones a la ley Nº 19.640. En el
inciso primero del artículo 72, sustitúyese el guarismo "625" por
"647", referido a la categoría "Fiscal Adjunto"; el guarismo
"69" por "70", referido a la categoría "Jefe de Unidad", y
el guarismo "860" por "866" referido a la categoría
"Profesionales".
Artículo 65.- Modificaciones al Código Orgánico de
Tribunales. Introdúcense las siguientes modificaciones:
1. Al artículo 14:
a) En la letra f), a continuación de la palabra "penal", sustitúyense la
coma (,) y la letra "y" por un punto y coma (;).
b) Incorpórase la siguiente letra g), nueva, pasando la actual letra g) a ser letra
h):
"g) Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que la ley de
responsabilidad penal juvenil les encomienden, y".
2. Al artículo 16, en el acápite que en cada caso se señala:
a.- Quinta Región de Valparaíso:
En el párrafo séptimo, reemplázase la expresión "Viña del Mar, con seis
jueces," por la siguiente: "Viña del Mar, con siete jueces,".
b.- Octava Región del Bío Bío:
En el párrafo noveno, reemplázase la expresión "Coronel, con un juez,"
por la siguiente: "Coronel, con dos jueces,".
c.- Décima Región de Los Lagos:
En el párrafo final, reemplázase la expresión "Castro, con un juez," por
la siguiente: "Castro, con dos jueces,".
d.- Región Metropolitana de Santiago:
En el párrafo segundo, reemplázase la expresión "Puente Alto, con siete
jueces", por la siguiente: "Puente Alto, con ocho jueces".
En el párrafo séptimo, reemplázanse la expresión "Cuarto Juzgado de
Garantía de Santiago, con diecisiete jueces,", por "Cuarto Juzgado de Garantía
de Santiago, con dieciocho jueces,"; la expresión "Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago, con ocho jueces,", por "Séptimo Juzgado de Garantía de
Santiago, con diez jueces,"; la expresión "Octavo Juzgado de Garantía de
Santiago, con nueve jueces," por "Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, con
diez jueces,", y la expresión "Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, con
diecisiete jueces," por "Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, con dieciocho
jueces,".
3. Al artículo 18:
a) En la letra c), a continuación de la expresión "juicio oral",
elimínanse la coma (,) y la letra "y", y en su reemplazo, introdúcese un punto
coma (;).
b) Intercálase la siguiente la letra d), nueva, pasando la actual letra d) a ser
letra e):
"d) Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que la ley de
responsabilidad penal juvenil les encomienden, y".
4. En el artículo 21, reemplázase, en el acápite referido a la Región
Metropolitana de Santiago, la expresión "Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
de Santiago, con quince jueces,", por "Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Santiago, con dieciocho jueces,".
5. Incorpórase un artículo 47 C, nuevo, del tenor siguiente:
"Artículo 47 C.- Tratándose de los tribunales de juicio oral en lo penal, las
Cortes de Apelaciones podrán ejercer las potestades señaladas en el artículo 47,
ordenando que uno o más de los jueces del tribunal se aboquen en forma exclusiva al
conocimiento de las infracciones de los adolescentes a la ley penal, en calidad de jueces
de garantía, cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere.".
6. Sustitúyese el artículo 585 bis, por el siguiente:
"Artículo 585 bis. Lo dispuesto en los artículos 567, 578, 580 y 581 será
aplicable a los recintos en que se ejecuten las medidas de internación provisoria y de
internación en régimen cerrado establecidas en la ley que regula la responsabilidad
penal de los adolescentes.
Artículo 66.- Modificaciones a la ley Nº 19.665.
Agrégase en el inciso primero del artículo 6º de la ley Nº 19.665, un párrafo final
del siguiente tenor:
"Juzgados con dieciocho jueces: dieciocho jueces, cinco funcionarios de la
tercera serie del Escalafón Secundario y cuarenta y tres funcionarios del Escalafón del
Personal de Empleados del Poder Judicial.".
Artículo 67.- Modificaciones a la ley Nº 19.718.
Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 28 de la ley Nº 19.718, que
fija la planta de personal de la Defensoría Penal Pública:
a) Reemplázase, para los profesionales grado 7º, el guarismo "16" por
"18".
b) Reemplázase, para los administrativos grado 17º, el guarismo "20" por
"21".
c) Reemplázase, para el Total Planta, el guarismo "454" por
"457".
Artículo 68.- Modificaciones a la ley Nº 19.968, de
Tribunales de Familia. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.968:
a) En el número 10 del artículo 8º, sustitúyese la expresión "29" por
"30" y agrégase el siguiente párrafo nuevo después del punto y coma (;) que
pasa a ser punto seguido (.): "El procedimiento se sujetará a las reglas
establecidas en el Párrafo 4º del Título IV de la presente ley;".
b) Incorpórase al artículo 8º el siguiente numeral 10 bis, nuevo:
"10 bis) Las infracciones que en caso de ser ejecutadas por mayores de edad
constituirían faltas y que no dan lugar a responsabilidad penal, conforme al artículo
102 A. El juzgamiento de las mismas se someterá a las reglas establecidas en el Párrafo
4º del Título IV de la presente ley.".
c) Incorpórase, a continuación del artículo 102, el siguiente Párrafo 4º, nuevo:
"Párrafo 4º
Procedimiento Contravencional ante los Tribunales de Familia
Artículo 102 A.- Las faltas contenidas en la legislación vigente
que sean cometidas por adolescentes, constituirán contravenciones de carácter
administrativo para todos los efectos legales y su juzgamiento se sujetará al
procedimiento regulado en este Párrafo.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior únicamente las faltas
tipificadas en los artículos 494, Nºs. 1, 4, 5, y 19, este último en lo que dice
relación con el artículo 477; en el artículo 494 bis y en el artículo 496, Nºs. 5 y
26, todos del Código Penal, y aquellas contempladas en la ley Nº 20.000 o en los cuerpos
normativos que la sustituyan, cometidas por adolescentes mayores de 16 años, cuyo
conocimiento estará sujeto a lo preceptuado por la ley que regula la responsabilidad
penal de los adolescentes.
Artículo 102 B.- Será aplicable al proceso contravencional lo dispuesto en los
Párrafos 1º, 2º y 3º del Título III de esta ley, en lo que no sea incompatible con lo
dispuesto en el presente Título y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar.
Artículo 102 C.- Será competente para el conocimiento de los asuntos a que se
refiere el inciso primero del artículo 102 A el tribunal del lugar en que se hubiere
ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos a que se refiere el numeral 10 del
artículo 8º, será competente el tribunal del domicilio del menor, sin perjuicio de la
potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto
en razón del lugar donde se cometió el hecho.
Artículo 102 D.- El procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte
policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta
flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente. En ambos casos la policía
procederá a citar al adolescente para que concurra a primera audiencia ante el tribunal,
lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo.
Los particulares también podrán formular la denuncia directamente al tribunal.
Artículo 102 E.- De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el
imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su
cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda.
Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de
prueba.
Artículo 102 F.- Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el
tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública.
En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo
posible al horario de audiencias del tribunal.
Artículo 102 G.- El adolescente tendrá derecho a guardar silencio.
Artículo 102 H.- Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus
derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre
la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente
reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible
de recurso alguno.
En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta
proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para
responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso
deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102 J.
Artículo 102 I.- Si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se
realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a
recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar.
Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena.
Artículo 102 J.- El juez podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las
siguientes sanciones contravencionales:
a) Amonestación;
b) Reparación material del daño;
c) Petición de disculpas al ofendido o afectado;
d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales;
e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un
máximo de tres horas, y
f) Prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por tres
meses.
El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en
este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia.
Artículo 102 K.- Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones
cometidas por adolescentes serán inapelables.
Artículo 102 L.- A solicitud de parte, el juez podrá sustituir una sanción por
otra durante el cumplimiento de la misma.
Artículo 102 M.- En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal
remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los efectos previstos en el inciso
segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.".
Artículo 69.- Preferencia para integrar ternas. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 281 del Código Orgánico de Tribunales,
tendrán preferencia para ser incluidos en las ternas elaboradas para proveer cargos de
juez de garantía unipersonales y juez de letras con competencia de garantía los
postulantes que hubieren cumplido el curso de especialización a que se refieren los
artículos 29 y 56 de la presente ley.
Artículo 70.- Modificaciones a la Ley Orgánica de
Gendarmería de Chile. Modifícase el decreto ley Nº 2.859, que contiene la Ley Orgánica
de Gendarmería de Chile, en la forma que sigue:
1) En el artículo 3º, letra a), agrégase a continuación del punto final la
siguiente oración: "Además, deberá estar a cargo de la seguridad perimetral de los
centros del Servicio Nacional de Menores para la internación provisoria y el cumplimiento
de las sanciones privativas de libertad de los adolescentes por infracción de ley
penal.".
2) En el artículo 3º, agrégase a continuación de la letra c), la siguiente letra
d):
"d) Colaborar en la vigilancia de los Centros del Servicio Nacional de Menores
para adolescentes que se encuentran en internación provisoria o con sanción privativa de
libertad, realizando las siguientes funciones:
1. Ejercer la vigilancia y custodia perimetral permanente de los centros privativos
de libertad.
2. Controlar el ingreso al centro.
3. Colaborar en el manejo de conflictos al interior de los centros, tales como fugas,
motines y riñas.
4. Asesorar a los funcionarios del Servicio Nacional de Menores en el manejo de
conflictos internos y de la seguridad en general.
5. Realizar los traslados de los adolescentes a tribunales y a otras instancias
externas de acuerdo a solicitudes de la autoridad competente.".
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1º.- Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia seis meses después de su publicación, con excepción de lo dispuesto en las
letras a) y c) del artículo 68.
Artículo 2º.- Nombramientos. La provisión de los cargos
de Jueces de Garantía, Jueces de Tribunal Oral en lo Penal y Fiscales del Ministerio
Público que establece la presente ley se realizará de acuerdo a las reglas generales
aplicables en cada caso, considerando solamente las siguientes excepciones:
a) Los nuevos cargos deberán encontrarse provistos con a lo menos 45 días de
antelación a la fecha en que empezará a regir el sistema, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo precedente;
b) Para los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la letra a) en el caso de
los Jueces de Garantía e integrantes del Tribunal Oral en lo Penal, las Cortes de
Apelaciones respectivas deberán elaborar y remitir al Ministerio de Justicia la nómina
con las ternas respectivas para cada cargo dentro del plazo de sesenta días contado desde
la publicación de esta ley.
Artículo 3º.- Cursos de especialización. La exigencia de
especialización y las modalidades de integración de la sala del tribunal de juicio oral
en lo penal y de distribución de asuntos en los tribunales con competencia en materias
criminales se aplicarán seis meses después de la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.
En todo caso, las Cortes de Apelaciones podrán prorrogar dicho término por otros
seis meses, por motivos fundados.".
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del
Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien
aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.
Santiago, 28 de noviembre de 2005.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la
República.- Luis Bates Hidalgo, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jaime
Arellano Quintana, Subsecretario de Justicia.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por
infracciones a la ley penal
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe,
certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el
rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control
de constitucionalidad respecto de los artículos 29; 50; 53; 61; 62; 63, en lo referente a
la derogación de los artículos 28, 29, 31, inciso segundo, 41 y 65 de la ley Nº 16.618;
64; 65; 66; 68, en lo concerniente al artículo 102 C) que se incorpora a la ley Nº
19.968, y 69, permanentes, y los artículos 2º y 3º transitorios del mismo, y por
sentencia de 11 de octubre de 2005, dictada en los autos Rol Nº 459, declaró:
1. Que los artículos 29; 50; 53; 61; 62; 63, letra d) y letra f), en cuanto se
refiere a la derogación del artículo 65 de la ley Nº 16.618; 65, Nºs. 1), 2), 3), 4) y
5); 66, que agrega un párrafo final al inciso primero del artículo 6º de la ley Nº
19.665 en la medida que se refiere a jueces de tribunales de garantía; 68, en lo
concerniente al artículo 102 C) que se incorpora a la ley Nº 19.968, y 69 permanentes y
2º transitorio del proyecto remitido son constitucionales.
2. Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre los artículos permanentes 63,
letra e) y letra f), en lo que dice relación con la derogación del artículo 41 de la
ley Nº 16.618; 64; 65, Nº 6 y 66, que introduce un párrafo final al artículo 6º,
inciso primero, de la ley Nº 19.665, en cuanto no se refiere a jueces de tribunales de
garantía, y 3º transitorio del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son
propias de ley orgánica constitucional.
Santiago, 11 de noviembre de 2005.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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